Vincular la apertura petrolera con el futuro de la economía venezolana significa ante todo tener una comprensión integral de esa política sectorial, que no es sólo económica, por cierto, es también política. A esta exigencia se oponen dos obstáculos. Primero, los hechos que constituyen la apertura corren paralelos a nuestra existencia; acontecen “en vivo y en directo”, para utilizar una expresión mediática de moda. De hecho, se ha anunciado licitar otra ronda de asignación de campos marginales y suscribir nuevas asociaciones estratégicas. En otras palabras, la apertura petrolera es un proceso inconcluso. Por tanto, es imposible tomar suficiente distancia del objeto estudiado para intentar intelectualmente juntar y ordenar todas las partes que entran en la composición integral de esa política. Sin embargo, es posible desembarazarse parcialmente de esa barrera, tomando alguna o algunas de las partes más representativas de la política de apertura petrolera para intentar componer una visión de conjunto. Así se procederá en esta exposición. No obstante, frente a la comprensión integral de la apertura petrolera se levanta una segunda barrera, que aparece hasta ahora como muy elevada para desembarazarse de ella. Sobre esa política persisten querellas jurisdiccionales, cuyas indeterminaciones impiden su comprensión integral.